Derechos de las personas adultas mayores

Además de la pensión, existe una ley completa dedicada a los derechos de las personas adultas mayores. Su artículo 5o. los enumera de manera enunciativa y no limitativa —es decir, la lista no agota lo que la ley protege.

Integridad, dignidad y preferencia

• A una vida con calidad. Y la ley reparte la obligación: instituciones públicas, comunidad, familia y sociedad deben garantizar el acceso a los programas que hagan posible ese derecho.
• Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción, de los derechos que esta y otras leyes consagran.
• A una vida libre sin violencia.
• Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
• A la protección contra toda forma de explotación.
• A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, y de las instituciones federales, estatales y municipales.
• A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos.

Certeza jurídica: la parte más práctica

Aquí están los derechos que se pueden ejercer de inmediato ante una ventanilla o un juzgado:

• A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea como agraviados, indiciados o sentenciados.
• A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.
• A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte, y a contar con un representante legal cuando lo considere necesario.
• Atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

Por qué el último inciso importa tanto

Testar sin presiones ni violencia y atención preferente en la protección de su patrimonio están escritos en la ley por una razón concreta: el abuso patrimonial contra personas mayores suele venir del entorno cercano.

Tener ese texto a la mano sirve para exigir que un notario, un juez o una autoridad administrativa tomen medidas de protección, no solo para invocarlo después del daño.

La asesoría jurídica gratuita

Es un derecho reconocido en ley, no un programa discrecional. Conviene combinarlo con las defensorías especializadas según la materia: la PROFEDET en lo laboral, la PRODECON en lo fiscal y la CONDUSEF en servicios financieros.

Y la pensión, aparte

El derecho a la pensión no contributiva desde los 65 años no está en esta ley sino en el artículo 4º de la Constitución, y funciona con su propia lógica —está explicado en la Pensión Bienestar como derecho constitucional.